Estimadas compañeras y compañeros,

Este boletín de la RSM incluye los llamados a una indemnización justa para las trabajadoras(es) de la confección que han sufrido los impactos de los aranceles de Estados Unidos; a protecciones más estrictas a los derechos laborales en el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá; y a mecanismos ejecutables para las trabajadoras(es) que buscan una reparación por los daños causados por las operaciones de empresas canadienses en el exterior.

El boletín también describe algunos triunfos recientes en los que las trabajadoras(es) de la confección en Guatemala lograron reparaciones significativas, aunque, en uno de los casos, a las trabajadoras(es) aún se les deban las prestaciones de seguridad social.

Asimismo, resaltamos estudios recientes que desafían la legitimidad y efectividad de las auditorías sociales del sector privado. Los estudios documentan cómo estas auditorías no logran identificar ni reparar las violaciones a los derechos laborales, así como a las normas ambientales.

Concluimos con una nota sobre el cierre del Grupo de las Américas, un foro de multi-interés en el que la RSM desempeñó un papel de liderazgo durante dos décadas.

Lynda Yanz y el equipo de la RSM

Considerando los miles de millones de dólares que las principales marcas de ropa han recibido en reembolsos de aranceles, la Campaña Ropa Limpia (CCC por sus siglas en inglés), de la que la RSM es miembro activo, está haciendo un llamado a esas marcas a que compartan sus reembolsos con las trabajadoras(es) y las fábricas que forman parte de su cadena de suministro y que fueron obligadas a absorber costos relacionados con los aranceles.

En respuesta a la incertidumbre creada por los aranceles impuestos por Estados Unidos, muchas marcas suspendieron sus pedidos temporalmente y les pidieron descuentos a sus proveedores. Como resultado, miles de trabajadoras(es) perdieron sus empleos, muchas sin recibir la indemnización que les correspondía.

Mientras que los medios de comunicación en Estados Unidos se enfocan en la responsabilidad de las marcas de compensar a los consumidores estadounidenses, los proveedores y las trabajadoras(es) también deberían recibir una indemnización.

A pesar de la reciente ruptura en las negociaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos, sindicatos y organizaciones de derechos laborales siguen exigiendo que cualquier renegociación del acuerdo comercial trinacional incluya disposiciones más fuertes para proteger los derechos laborales.

El 2 de septiembre, sindicatos independientes y organizaciones de derechos laborales en México, Estados Unidos y Canadá publicaron una declaración conjunta haciendo un llamado específico a mejorar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del tratado comercial existente.

Los firmantes reconocen que el MLRR ha proporcionado a las trabajadoras(es) mexicanas un canal para presentar quejas y lograr acciones correctivas en casos de violaciones al derecho a la libertad sindical.

Sin embargo, la declaración señala la necesidad de ampliar la cobertura del mecanismo para incluir todos los derechos fundamentales contemplados por la Organización Internacional del Trabajo, que éstos se apliquen a todos los sectores de exportación, incluyendo la agricultura, las plataformas digitales, la energía y las trabajadoras(es) migrantes, y que se apliquen en Estados Unidos y Canadá, así como en México.

Una referencia importante para la declaración conjunta es una investigación publicada recientemente por la Casa del Obrero Socialista Antonio Vital, con financiación del Fondo para la Humanidad de los Trabajadores del Acero.

Basada en estudios de recientes esfuerzos de organización por parte de sindicatos independientes mexicanos, el informe titulado La invisibilidad del sindicalismo en la agenda de derechos documenta cómo la violencia y la represión contra los sindicatos y sindicalistas auténticos sigue a pesar de la reforma de la justicia laboral en México.

Como miembro de la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa (CNCA por sus siglas en inglés), la RSM se une a otras organizaciones miembros para denunciar la eliminación de la CORE por parte del gobierno canadiense en el mes de junio de 2026.

Desde hace mucho que la CNCA exigía que se fortaleciera la Defensoría, que aún no contaba con facultades de investigación, independencia, o la facultad de hacer comparecer a testigos, como se había prometido cuando se creó esa oficina.

Sin embargo, la decisión de eliminar a la CORE por completo, deja a las comunidades y trabajadoras(es) que denuncian a compañías canadienses por abusos cometidos en el exterior ante un mayor riesgo de sufrir daños.

Con una reversión de esa decisión y el fortalecimiento de su mandato, la CORE podría desempeñar un papel importante en reparar las violaciones de derechos humanos cometidas por compañías canadienses.

Las extrabajadoras(es) de dos fábricas diferentes en Guatemala lograron reparaciones parciales por las graves violaciones de sus derechos laborales, después de la publicación de informes del Consorcio de Derechos del Trabajador (WRC por sus siglas en inglés) y de campañas organizadas por sindicatos locales y organizaciones de derechos laborales.

La fábrica KOA Modas cerró en el mes de febrero de 2025. A las 750 trabajadoras(es) despedidas, se les debía un estimado de US$5.5 millones en indemnizaciones y salarios caídos, además de unos US$6 millones adicionales en cuotas de seguridad social pendientes de pago.

En lo que el WRC describe como la mayor liquidación de salarios caídos de las trabajadoras(es) de la confección que jamás se haya registrado en Centroamérica en una sola fábrica, las extrabajadoras(es) recibieron un 95% de los salarios caídos e indemnizaciones que se les debía por ley, a través de una contribución de SAE-A Trading, un proveedor de Target de capital coreano.

Sin embargo, a las extrabajadoras(es) de KOA Modas aún se les adeudan US$6 millones correspondientes a las cuotas de seguridad social robadas; ahora la presión se está concentrando en la corporación Target, el principal comprador de KOA Modas que se había abastecido en la fábrica desde el año 2015. Partners for Dignity and Rights (Socios por la Dignidad y los Derechos) exige que Target se haga responsable de lo que se les adeuda a las trabajadoras(es).

En un caso aparte, también en Guatemala, el WRC informó a las universidades afiliadas ubicadas en los EEUU y Canadá que había logrado negociar con Fanatics y su proveedor de ropa universitaria de la marca Nike, Hoosier Manufacturing, para obtener los salarios caídos de 367 trabajadoras(es) despedidas. El acuerdo además incluye la oferta de empleo en puestos equivalentes a las 66 trabajadoras(es) que presentaron una demanda laboral por su despido ante los tribunales.

Este caso representa otro triunfo significativo para las trabajadoras(es) y las defensoras(es) de los derechos laborales en un país en el que muchas veces resulta difícil conseguir una reparación.

Tres informes recientes resaltan una vez más cómo las auditorías sociales no logran detectar los abusos de los derechos laborales y los daños ambientales en las cadenas globales de suministro y mucho menos asegurar su reparación.

Los tres informes, publicados en inglés, abarcan a Pakistán, Bangladesh y China. Identifican múltiples problemas sistémicos con la multimillonaria industria de la auditoría social, como la falta de interacción con las trabajadoras(es), la intimidación de las trabajadoras(es) por los empleadores, las diferencias entre los salarios que declaran los empleadores y los salarios por debajo del mínimo que declaran las trabajadoras(es), así como los peligros ambientales e incidentes mortales en fábricas que recientemente habían sido auditadas y/o certificadas.

Mientras que las auditorías sociales defraudan a las trabajadoras(es), permiten que las marcas internacionales argumenten que sí cumplen con los derechos humanos y las normas ambientales incluidos en sus códigos de conducta.

No se debería permitir que las marcas evadan su responsabilidad y se escondan detrás de las auditorías sociales mientras las trabajadoras(es) en sus cadenas de suministro sufren daños.

En el mes de septiembre de 2025, el Comité Coordinador anunció su decisión de cerrar el Grupo de las Américas (GA). Durante los últimos 20 años, el foro de multi-interés había promovido y facilitado el diálogo entre las marcas y los productores internacionales de ropa, por un lado, y las organizaciones de mujeres y los sindicatos nacionales, por el otro. El trabajo de los comités de México y Centroamérica del GA concluyó en el mes de julio de 2026.

Durante las últimas dos décadas, la RSM actuó como la Secretaría del GA, desempeñando un papel de liderazgo en la planificación, organización y facilitación de las sesiones de diálogo entre las trabajadoras(es) y las compañías, así como en el desarrollo de recursos y materiales, incluyendo las guías para empleadores sobre la libertad sindical en México y El Salvador.

Se tomó la decisión de cerrar el GA debido a la disminución en la participación de varias marcas y al debilitamiento del compromiso para tomar acción y resolver los problemas identificados en las sesiones de diálogo post-pandemia. Asimismo, esta situación incrementó la carga de trabajo que recaía sobre la RSM y el pequeño grupo de marcas que se mantuvieron activas.

Se puede acceder a los informes anuales del GA, así como a las publicaciones de los comités de México y Centroamérica, en el siguiente enlace.

Fotos, en el orden que aparecen: Trabajadora en una fábrica en India (EqualStock, Pexels); Marcas reciben reembolsos de aranceles; Organizaciones firmantes del pronunciamiento para exigir mejores protecciones laborales en cualquier acuerdo comercial trinacional; Legislación modelo de la CNCA (CNCA); Extrabajadoras(es) de la fábrica KOA Modas (WRC); Incendio en una fábrica en China (Partners for Dignity and Rights); Informe anual del Grupo de las Américas.  

La Red de Solidaridad de la Maquila (RSM) es una organización de derechos laborales y de las mujeres que trabaja desde hace más de 25 años apoyando los esfuerzos de las trabajadoras(es) en las cadenas globales de suministro para lograr mejores salarios y condiciones de trabajo y un mayor respeto por sus derechos, y para hacer responsables a las empresas por abusos a los derechos laborales en sus cadenas globales de suministro.